Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los 90 con la creación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las publicaciones de sus diferentes recomendaciones, las últimas de 2012. A esto hay que sumar los diferentes reglamentos y directivas comunitarios, a los que con mayor o menor acierto han ido adaptando sus legislaciones los países europeos.

En el caso de España, los referidos textos sirven de base para la Ley 10/ 2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fue reformada en 2018, y que impone a los sujetos obligados la necesidad de adoptar ciertas medidas reforzadas de diligencia debida, tal y como lo es la necesaria identificación de las personas con responsabilidad pública (PRP) en las relaciones de negocio u operaciones que mantengan, una obligación que se extiende a sus familiares y allegados, anoten esto.

No cabe duda de que se han producido avances aunque, a la vista de los escándalos de los últimos años, más de uno, entre los que me cuento, puede juzgarlos como insuficientes. La batalla se juega en los bancos, y el 96% de ellos aún no han integrado las disposiciones comunitarias antiblanqueo de 2017.

En este contexto, en junio de este año, se anunciaba una nueva normativa europea, que estará en marcha a partir de enero de 2019. La EBA (Autoridad Bancaria Europea), dirigida por el español José Manuel Campa por cierto, ganará mucha importancia, y será la encargada de imponer fuertes sanciones a las entidades que no cumplan. Sanciones que podrán ser del doble del beneficio derivado del incumplimiento más otros 5 millones de euros adicionales y en los casos más graves, hasta del 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado.

Ese mismo contexto ha sido el escenario en el que nace Pepcontrol, una herramienta que ofrece un servicio integral a los sujetos obligados por la legislación en materia de blanqueo, y que se basa en dos aspectos fundamentales, poco atendidos hasta el momento en el mercado.
El primero de esos factores es la identificación inequívoca de todas las personas físicas y jurídicas categorizadas a través de la herramienta, proveyendo así de seguridad al usuario y recortando ampliamente los costes de gestión para la entidad. El segundo es la extensa labor de investigación llevada a cabo, tanto en la citada identificación de las personas expuestas políticamente como en la de sus familiares y allegados. Parientes, o socios de esas personas con responsabilidad pública, “invisibles” hasta ahora si se me permite la expresión, cuya observación es crucial en el citado camino hacia un control efectivo en la lucha contra el blanqueo.


Imagen de recurso: Vector de Icono creado por ibrandify – www.freepik.es

Este artículo se publicó en primer lugar en la revista del Congreso Ecofin 2019

Autor del artículo
Manuel Rosa
Fundador de Detectys Detective Privado TIP 116

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