De detectives, sentencias, medios y medias sentencias

La figura del detective privado es ampliamente conocida y reconocida en el ámbito policial y jurídico. En medios, sin embargo, el imaginario pesa como una losa, y a día de hoy podemos catalogar los artículos periodísticos en dos grupos.

El primero es el artículo que ve la luz tras un primer acercamiento del periodista al sector. Salvo honrosas excepciones de ahí nace una crónica iluminada que comienza hablando de gabardinas y sombreros para terminar por considerar extrapolables al sector los datos que le proporciona un único detective. Pasemos página.

El segundo caso sigue un dogma periodístico que seguro habrás oído en más de una ocasión. Siempre detestable, cuanto más cuando es un periodista quien la pronuncia. “No dejes que la realidad te estropee un buen titular”. Una máxima a la que podemos sumar la precariedad laboral, la acelerada mutación del sector o la caza desenfrenada de ‘clics’ para explicar titulares como el que propuso en su momento EFE y recogieron medios como La Vanguardia: “Anulan condena porque concejal usó detectives”. Tremendo, sobre todo si fuera cierto.

La caza desenfrenada de ‘clics’ no debería llevar a titulares como el propuesto por EFE, recogido por medios como La Vanguardia“Anulan condena porque concejal usó detectives”. Tremendo, sobre todo si fuera cierto.

Si profundizas en la materia y lo comentas con letrados te percatas de que la sentencia (Tribunal Supremo Sala 2ª, S 30-11-2016, nº 908/2016, rec. 333/2016) delimita, de una manera muy favorable a la figura del detective privado, la investigación de delitos públicos, en este caso un quebrantamiento de condena, y, además, da para un interesante debate jurídico que prometemos abrir en otro medio, LinkedIn posiblemente.

Pero el titular, incierto repetimos, e incluso la propia redacción de la pieza, obvian dicha riqueza informativa, y provocan alarma, algo que hemos podido constatar personalmente.

¿La realidad? Que un concejal había accedido a unos datos sobre el incumplimiento de condena de un penado y, con esos datos como base, había puesto en marcha una investigación de un detective privado con la que demostrar que la pena, la prestación sustitutoria en forma de servicios a la comunidad, no se estaba cumpliendo, y que la secretaria del cabildo estaba firmando certificados de servicios que realmente no se habían llevado a cabo.

La Audiencia Provincial, y luego el Supremo, consideran que se ha infringido la LOPD, ya que, al no ser competente el Ayuntamiento en materia penitenciaria, el concejal no debería haber accedido a dichos datos. Como se puede comprobar, el titular no tiene nada que ver con la realidad.

Queda preguntarse, para concluir, ¿cuántos impactos tuvo el mencionado artículo? ¿cuántos tendrá este post?


Este artículo se publicó en primer lugar en el número de marzo de 2017 de La Confidencia Mutua, un medio exclusivo para clientes y amigos de Detectys. Si quieres recibirla en tu correo electrónico accede a este formulario.
Autor del artículo
Pedro Sanchez Gaspar
Periodista. DirCom de Detectys.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *